Una denuncia del sindicato CNT mostraba supuestos tratos de favor entre un director de área de la Generalitat y una empresa donde trabajaba el hermano de la esposa de Mas, entre otros casos.
Han sido necesarios tres años para que la Fiscalía se pronunciara ante una denuncia de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) contra un departamento de la Generalitat por presunto trato de favor a la empresa Seidor, entre las que se encontraba contratado el hermano de la esposa de Artur Mas y una hija de Joan Ignasi Laquente i Ballester, director del área TIC del Departamento de Territori i Sostenibilitat. La fiscalía considera que en la OAC “no habían podido acreditarse debidamente las relaciones familiares y profesionales denunciadas mantenidas por el Sr Laquente con empleados de Seidor Microsistemes”.
La OAC decidió abrir una nvestigación en 2011 después de que la sección sindical de CNT en el departament de Territori y Sostenibilitat pusiera a su disposición una serie de documentos que indicaban irregularidades en la gestión de Laquente i Ballester al frente del área TIC de dicho departamento. Entre ellas, el aumento en un 600% en las cifras de facturación del grupo Seidor después de que esta empresa fichara a Juan Antonio Rakosnik, hermano de la esposa del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Según CNT, gran parte de este aumento de facturación se explicaba por contratos a dedo con el área TIC de Territori i Sostenibilitat. Además, CNT señaló su preocupación por las posibles contrataciones del departamento con una empresa creada recién creada por la hija de Laquente, que entonces contaba con 22 años de edad, y solicitó que se investigaran posibles contratos. Tal y como sostiene el sindicato, esta persona liquidó la sociedad Clappert Marketing y cambió el orden de sus apellidos poco después de conocerse la apertura de una investigación por parte de OAC. CNT destaca también que la hija de Laquente fue también empleada del grupo Seidor.
Según han explicado fuentes de CNT a Diagonal, el sindicato insistirá en que se investiguen los posibles delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas cometidos por Laquente y para ello presentará una nueva denuncia ante algún juzgado de primera instancia de Barcelona. Los responsables de la central anarcosindicalista en Territori y Sostenibilitat temen que la OAC no haya presentado a la Fiscalía toda la documentación aportada por parte de CNT, dado que el ministerio público no menciona estos escritos en su resolución.
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