El Gobierno de Zapatero se ha
quitado definitivamente la careta pseudoprogresista. El Presidente
había repetido hasta la saciedad que nunca realizaría recortes
sociales, pero la propuesta de reforma de las Pensiones es la mayor
ofensiva contra los derechos de los trabajadores que se ha realizado en
los últimos 30 años: no sólo quieren elevar la edad de jubilación hasta
los 67 años sino también aumentar el número mínimo de años necesarios
para poder acceder a una Pensión y aplicar un nuevo sistema de computo
de tal manera que los nuevos pasionistas cobren pensiones más
raquíticas aún que las actuales. Además restringe enormemente el
derecho a las pensiones de incapacidad y viudedad.

CNT ante la reforma laboral y del sistema de pensiones

Es absolutamente falso que el sistema público de pensiones esté en
peligro. Nunca estuvo tan saneado como ahora. El pasado año la
seguridad social ha tenido un superávit de más de 8.000 millones de
euros. La reiterada cantinela de que cada vez hay más jubilados, que
viven más años y que esto es insostenible, lo llevan repitiendo desde
hace más de 30 años. Estas previsiones catastrofistas realizadas por
entidades y economistas pagados por los Bancos y las Aseguradoras
tienen un único objetivo: debilitar progresivamente el Sistema Público
de Pensiones para que los Fondos de Pensiones Privados acaben siendo,
en la práctica, una opción obligatoria para quien quiera sobrevivir con
un mínimo de dignidad durante su vejez.

Ante los argumentos empleados por el Gobierno y los Poderes
Financieros que le apoyan en esta intensa campaña mediática para
justificar este durísimo recorte de las Pensiones hay que decir que las
proyecciones demográficas empleadas no tienen la más mínima fiabilidad,
como lo demuestran los sonoros errores de las predicciones demográficas
de las últimas décadas, también cuando manifiestan que en el 2060 el
gasto en pensiones habrá pasado del 8,4% del PIB actual al 15,1%. Hay
que aclarar que ese porcentaje que se anuncia como insostenible para
nuestro país en el año 2060 es similar al que mantienen actualmente
algunos países europeos sin ningún problema. Hay también que recordar
que hace 50 años nuestro país gastaba en pensiones un 3% del PIB y que,
tras haberse casi tripliclado el gasto y aumentado singificativamente
la esperanza de vida de los jubilados, el sistema no sólo no ha
quebrado sino que está en mejores condiciones que nunca. Y todo esto
sucede porque la productividad y el crecimiento económico avanzan a
mayor ritmo que el aumento del número de jubilados. Así, según las
propias previsiones sobre crecimiento económico del Banco de España, el
PIB para el año 2060 se habrá multiplicado por 3, crecimiento que
garantizaría sobradamente la solvencia financiera para acometer el
gasto en Pensiones. Pero el futuro del sistema público de Pensiones no
debe basarse en un permanente e incierto crecimiento económico sino en
la financiación directa por parte del Estado de las Pensiones, pues,
hay que señalar que España es de los pocos países de la Unión Europea
en los que las Pensiones se sufragan exclusivamente con las
cotizaciones sociales, siendo lo normal que se costeen con los ingresos
normales del Estado. Es decir, en el supuesto de que en algún momento
las cotizaciones sociales no bastasen para sostener las pensiones no
tendría por qué suponer ningún problema, de la misma manera que el
Estado gasta ingentes recursos económicos en mantener estructuras
parasitarias como el Ejército o la Iglesia que son económicamente
insostenibles. El Estado debe garantizar unas pensiones dignas a todos
los trabajadores.

España es, junto con Grecia y Portugal, el país de la Unión Europea
con las pensiones más bajas: casi el 60% de los pensionistas cobran una
prestación inferior al SMI.

Es cierto que hace falta una Reforma del Sistema de Pensiones, pero
justo en el sentido contrario al que propone el Gobierno: una Reforma
para reducir la Jubilación a los 60 años, aumentar de manera
significativa las cuantías de las Pensiones, reducir el número de años
necesarios para acceder a la jubilación, etc. y financiar estos cambios
con un aumento de la presión fiscal sobre las rentas de capital de
manera que se compense el enorme trasvase (un 13% del PIB) que en los
últimos 30 años se ha producido desde las rentas del trabajo a las
rentas del capital.

Ante este gravísimo atentado contra los derechos de los trabajadores
que pretende realizar el Gobierno no podemos permanecer impasibles.
Ahora más que nunca se hace necesario salir a la calle sin más dilación
a mostrar que no estamos dispuestos a permitírselo. El estado español
es en materia laboral uno de los que más “flexibilidad” (más
modalidades y posibilidades de contratación eventual) concede a las
empresas en Europa. Evidentemente, dicha flexibilidad tiene unas
repercusiones directas en el empleo, pero también en el sistema
productivo, que se ve resentido en la productividad: disminuye la
calidad y por tanto la competitividad. Además, produce como efecto
“secundario” un mayor número de accidentes laborales: que España
encabece las cifras de accidentes mortales y graves en Europa no es
casualidad. Las continuas reformas laborales que hemos padecido han
agravado la temporalidad, de manera que el 95% de los contratos
realizados son temporales; nos encontramos así a trabajadoras
contratadas a través de las empresas de trabajo temporal (ETT’s)
durante periodos que superan los dos años, y en muchas ocasiones no
llegan a cotizar en los periodos de descanso como fines de semana,
vacaciones, días festivos, etc. La clase trabajadora ha sufrido tras
estas reformas una merma de derechos tan profunda que será difícil
recuperar una mínima capacidad de respuesta ante tanto abuso de la
patronal. A todo esto hay que sumarle que las ETT’s puedan convertirse
en asociaciones con ánimo de lucro y comiencen a establecer cánones a
sus usuarias, como ya está ocurriendo en algunas empresas vía on line.

Por si fuera poco, la remuneración media del estado español ha
bajado con respecto a la europea en un 34%. En los sectores
mayoritarios como la hostelería, desciende hasta los 15.164 €, mientras
que en Europa es de 21.461 €. Los datos son contundentes, y demuestran
cómo la patronal y la clase corrupta de la política se enriquecían
desmesuradamente, mientras las trabajadoras poco a poco recorrían la
senda de la insuficiencia. Pero si las diferencias salariales con
respecto a Europa son enormes, también lo son en el interior: en el
sector de la banca, por ejemplo, la remuneración es de 40.012 €, que es
un 164% superior al de actividades con menores retribuciones.

También podemos presumir de vivir en el estado con menores
presupuestos sociales de la Unión Europea (UE). Si en Europa el gasto
público representa más de la mitad del Producto Interior Bruto (PIB),
aquí no llega al 40%. La merma en las prestaciones sociales ha llegado
a niveles tan escandalosos que el Estado ha tenido que invertir
tímidamente 640 millones de euros como parche para los parados que
agotaban y continúan agotando las prestaciones de desempleo. Esta
cantidad resulta ridícula si tenemos en cuenta a los millones de
trabajadores desempleados y si la comparamos con los 99.000 millones
otorgados al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La
ayuda prestada a la Caja Castilla La Mancha, por ejemplo, es de 750
millones, y la indemnización por despido para quienes realizaron la
pésima gestión fue de 20 millones de euros.

La posibilidad de “flexibilizar” nuevamente los despidos se cierne
sobre la clase obrera, de forma directa o indirecta. Como ya es sabido,
la patronal desea convertir sin coste alguno contratos indefinidos en
contratos a media jornada, rebajando no sólo las horas, sino también
los salarios y las prestaciones sociales. ¿Qué impedirá el despido de
esas trabajadoras con indemnizaciones irrisorias? Esta situación puede
generalizarse de tal manera que despedir a una trabajadora sea
prácticamente gratuito. Si hace unos años un estudio revelaba que para
una empresa de 50 trabajadores un despido suponía un coste cero
(incluyendo salarios de tramitación e indemnización) gracias a las
subvenciones y a las bonificaciones sociales, ahora se deben de estar
frotando las manos, o mejor dicho: los bolsillos. Por si ello fuera
poco, avanzamos hacia la desaparición de las pensiones, y quienes nos
han llevado a esta crisis salvaje quieren privatizar los fondos de la
Seguridad Social.

La CNT tiene muy claro cómo atajar esta situación:
· Reducción de la jornada laboral, que estimularía tanto la contratación como la producción.
· Supresión absoluta de las horas extra, que causan un profundo perjuicio a la economía tanto individual como colectiva.
· Recursos del Estado destinados a las trabajadoras y trabajadores, y no a las empresas.
· Eliminación de las subvenciones que reciben banca y cajas de ahorro,
permitiendo que la burbuja inmobiliaria caiga definitivamente,
reduciendo el ahogo que padecen las personas que se encuentran
hipotecadas, pero sobre todo abaratando el mercado inmobiliario y
reduciendo los precios de alquiler o compra a valores adecuados a la
realidad social existente.
· Retirada inmediata de las tropas que el estado español destina a operaciones internacionales, que acentúan aun más los problemas sociales y de miseria, y suponen unos costes inadmisibles.

La CNT es una organización de trabajadores y trabajadoras, simple y
llanamente. No admite subvenciones y conserva un espíritu de
transformación social intacto desde su fundación. Te invitamos a
participar en este proyecto, que día a día demuestra que la única
posibilidad efectiva es la solidaridad, el apoyo mutuo y la acción
directa de la clase obrera.

¿Te vas a quedar cruzada de brazos?

Ven y pelea por tu presente.

http://cnt.es/node/1742

[Nota de prensa] Pocas luces y muchas sombras en el "Preacuerdo para el empleo y la negociación colectiva"

Recientemente hemos asistido
a un nuevo pacto entre patronal y sindicatos mayoritarios: el
denominado “Preacuerdo para el empleo y la negociación colectiva”.
Aparte del gesto -tan demandado por la sociedad según algunos medios-,
aquel de un gran pacto entre los actores económicos (foto incluida)
para generar confianza en la población, poco más se puede obtener en
claro de un documento que ofrece no pocas vaguedades y que cuando
concreta, apunta claramente contra los derechos de los trabajadores.

De hecho, el texto deja ya entrever que el modelo productivo no va a
ser mejorado ni modificado y que la contratación eventual no se va
reducir, sino que va a aumentar como efecto de la ampliación del ámbito
de las ETTs al sector público y la Construcción.

En cuanto al primer aspecto, ya en la introducción se confirma que
el sistema productivo está seriamente afectado por una razón
fundamental: haberse basado en la construcción. Pero no deja de
sorprender que la respuesta a este mal, que supuestamente pasaría por
un “ajuste” del mismo, caiga en serias contradicciones: así tan pronto
se afirma que hay que buscar la “ampliación y diversificación del
tejido productivo” para pocas líneas después afirmar que “se ha de
aumentar el stock de infraestructuras”. Lo que denota que, pese a
todo, se sigue apostando por el mismo modelo basado en la construcción,
puesto que ese y no otro es, a modo de ver de los firmantes, el único
que puede hacerse cargo del volumen actual de mano de obra desempleada,
más del 19%, (el 30% en comunidades como Andalucía o Canarias).

En lo que respecta al aumento de la contratación temporal, si en un
momento se afirma buscar la promoción de la “contratación indefinida en
el acceso al mercado de trabajo, transformando los contratos temporales
en contratos fijos”, medida ambigua que no establece fórmulas concretas
para que ese paso se lleve a cabo, ni por supuesto explica el cuándo y
cómo; al poco se afirma que hay que “fomentar el uso adecuado de las
modalidades contractuales de forma tal que (…) las necesidades
coyunturales, cuando existan, puedan atenderse con contratos temporales
causales, directamente o a través de ETT”. Afirmación en principio
aséptica pero que se descalifica por el hecho de que pronto se especula
con que tanto en la Administración como en la Construcción se pueda
contratar a través de ETT. Y tampoco ahora se proponen fórmulas para
limitar el abuso de la contratación temporal, dejándola en manos del
“criterio” de los comités de empresa y la patronal, precisamente los
mismos causantes del abuso actual de la misma.

En el lado opuesto de la balanza confirman que las empresas están
considerablemente endeudadas y se debe de sanear el sistema financiero
dando los créditos necesarios a la banca. O lo que es lo mismo, y para
resumir: ayudas a la banca y más precariedad para los trabajadores.

Y es que cuando se habla de medidas de “flexiseguridad”, -eufemismo
de moda que busca la cuadratura del círculo conjugando la flexibilidad
deseada por la patronal con la supuesta seguridad en el empleo buscada
por los sindicatos- lo que subyace es, nuevamente, más de lo primero y
poco o nada de lo segundo.

Es con esas recetas con las que buscan generar “confianza en la
población”, o mejor dicho, tenernos callados y en casa, evitando así
movilizaciones. Precisamente por ello, para CNT se hace evidente que,
tal y como decíamos en el caso de la reforma de las pensiones, hay que
ir preparando una respuesta contundente, pues no de otra manera,
podremos evitar que el peso de la crisis siga recayendo sobre los
hombros de la clase trabajadora.