La política económica del Gobierno del Estado español, realizada al dictado de la Banca y en confluencia e identidad de intereses, profundiza en la injusta distribución de la riqueza por medio de la acción política gubernamental y del estado; se trata de una continuada actuación a favor de los intereses empresariales y en contra de los trabajadores: reducción de impuestos a las sociedades, privatizaciones del sector publico más rentable, agencias de colocación privadas; por contraposición, supresión de prestaciones sociales y subidas de impuestos a los trabajadores.
Hace un año, en diciembre de 2009, y durante 2010, ya se habían puesto en marcha todo un paquete de reformas económicas en este mismo sentido, empresariales, fiscales, laborales, salariales, de pensiones…
El Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre de 2010, es más de lo mismo, disminuye el impuesto de sociedades: reduciendo los tipos impositivos y aumentando la libertad de amortización, suprime los impuestos por creación y modificación de empresas, agiliza la puesta en marcha de las agencias de colocación privada ya contempladas en la reforma laboral de junio y septiembre de 2010, privatiza el sector publico más rentable de los aeropuertos (AENA) y de las loterías y apuestas del Estado, suprime el subsidio de 426 euros a los parados de larga duración a partir de febrero de 2011, sube los impuestos del tabaco.
El gobierno militariza los conflictos laborables para acallar cualquier tipo de reivindicación laboral, estableciendo el estado de alarma para militarizar a los controladores aéreos, aplicada en diciembre de 2010 y prolongada hasta enero 2011, medida política excepcional que se ha utilizado por primera vez en España para reprimir un conflicto laboral y sindical.
Ya se han visto los resultados de la reforma laboral de junio y septiembre de 2010 aumentando los despidos de los trabajadores, disminuyendo las indemnizaciones, aumentando la contratación temporal y disminuyendo el empleo fijo.
El gobierno defiende su política económica con el argumento de creación de empleo y de mantenimiento de la actividad económica, junto a la reducción del déficit y deuda estatal, pero sobre todo con el argumento de calmar a los “mercados” y a los inversores, para frenar los ataques a la economía española. ¿Y por qué no actúa en contra de los “mercados” e inversores ? Donde está la soberanía de los pueblos? Y para qué sirven las democracias parlamentarias? En definitiva, quien decide y que intereses se defienden?
Es tan indecente la actuación del Gobierno que incluso oculta a los responsables de los ataques a la economía española bajo los nombres de “mercado” e “inversores”, ¿por qué no da nombres y apellidos, a la vez que exige responsabilidades y toma medidas contra ellos? ¿Acaso no sabe el gobierno los nombres de los bancos y financieros que compran la deuda soberana y actúan en el mercado financiero? ¿Por qué sólo actúa contra los trabajadores y la sociedad? ¿Por qué se reúne con las 40 mayores empresas españolas para reflexionar sobre la creación de empleo, cuando ellas son las que han despedido a 5 millones de trabajadores en los dos últimos años? Y además exigen más reducciones de salarios, pensiones, despidos libres y gratuitos…, y otras injustas medidas contra los trabajadores y la sociedad. ¿Por qué no aplica el estado de alarma contra los responsables de la crisis del capitalismo, los banqueros, los empresarios, los mercados y los inversores?
Es tan evidente que el capitalismo sin el estado no puede sobrevivir, que pretender analizar al capitalismo como lo que no es: un modelo económico, prescindiendo de su análisis de lo que es: una estructura de poder; sólo es un ejercicio mental para los doctrinarios dogmaticos de una ideología política, económica y social injusta y dictatorial. La dictadura del mercado y de la banca orienta la dictadura gubernamental sobre los trabajadores y la sociedad.
La realidad económica, política, militar, social, religiosa y sindical es desvirtuada y ocultada por los aparatos de propaganda capitalistas y gubernamentales, utilizando unas palabras y difundiendo unas ideologías e ideas difíciles de identificar con la realidad y la verdad de los hechos que suceden en el mundo. La propaganda ideológica de la mentira de los gobiernos y capitalistas para ocultar la realidad y explicarla con alegorías sobrenaturales y deterministas, ocultan la política de la irresponsabilidad del poder, la corrupción y el afán de defender el poder de la banca y del gobierno.
Las razones de estado ocultan la corrupción política y empresarial, sacada a luz con la publicación por Wikileaks, en diciembre de 2010, de los documentos políticos de los gobiernos y empresarios. La manipulación y engaño de las sociedades por los gobiernos y sus medios de propaganda y comunicación es total. La mentira se ha convertido en la primera norma de política gubernamental y empresarial.
La difusión de las ideas que expresamos con nuestras palabras, con nuestros significados, que plasmamos en nuestras actuaciones reivindicativas por medio de nuestras organizaciones, con nuestros medios de lucha directos y solidarios, con la finalidad de la igualdad humana, es el realismo social y el pragmatismo político con el que surgió el anarquismo para combatir el poder y la explotación capitalista y estatal.
José Luis Velasco
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