CATALUNYA | FELIP PUIG, EL NUEVO CONSELLER D’INTERIOR, ESTÁ RELACIONADO CON EL CASO 3%

Interior demuestra de nuevo la existencia de ficheros ideológicos ilegales y afirma que “126 identificados son antisistema, 39 independentistas y 13 anarquistas”.

David Fernández / Barcelona

Las cargas, el desalojo ilegal y la identificación masiva de los 418 manifestantes que participaban en una asamblea en la Casa de la Vaga [Casa de la Huelga] para preparar la huelga del 27 de enero y tras una marcha contra el recorte de las pensiones, han dado por estrenada la llegada a Interior del convergente Felip Puig. El operativo ha sido bautizado por el nuevo titular como el fin de la impunidad de los antisistema; “que nadie piense que las ocupaciones de propiedades privadas o alterar el orden público puede ser el paisaje habitual de Barcelona y Catalunya”, ha dicho Puig.

El anuncio del fin de la impunidad se produjo sólo 72 horas después que el nuevo gobierno de CiU, presidido por Artur Mas, remitiera un escrito a los juzgados solicitando la no imputación de Ángel Colom y Daniel Osacar, tesorero de la CDC de Mas, por su implicación en el cobro de comisiones ilegales en el llamado ‘caso Palau’. Según los informes emitidos por la Agencia Tributaria, Osacar estaría directamente implicado en el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública a la empresa Ferrovial. Las obras comisionadas serían la construcción de la línea 9 del metro o la nueva Ciutat de la Justícia. Las adjudicaciones las firmaba, a principios de la década, el propio Felip Puig, entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas.

La decisión gubernamental de proteger a sus compañeros de partido coincide, contrariamente, con la decisión del juez Juli Solaz, instructor de la causa, de abrir una pieza separada por los indicios acreditados de financiación ilegal en CDC. Para el abogado Jaume Asens se trata de una muestra del sesgo clasista que rememora “los tiburones impunes y las sardinas culpables de los que hablaba Rosa Luxemburgo”.

Sin orden judicial

Respecto al desalojo del antiguo Palacio del Cine, pese a las numerosos personas heridas, Puig informó de que se había producido de forma “impecable” y con “discreción”, aunque se realizara sin orden judicial, con 40 furgones policiales, 350 agentes antidisturbios sin número de placa –aún cuando es obligatorio desde 2009– y decenas de grupos de agentes de paisano con la cara cubierta en la mayoría de los casos. Sólo ante el cine ocupado, esta “discreción” se concretó en 17 furgones policiales, que cortaron la Vía Laietana desde las 8 de la tarde hasta las tres de la madrugada. El dispositivo habitual del Camp Nou, una vez finalizado el partido del Barcelona, también se añadió al despliegue que ocupó policialmente el centro de la ciudad.

El consejero aprovechó las declaraciones a la prensa para agradecer la buena “colaboración con el estamento judicial”. De hecho, fue él, personalmente, quien llamó al juez de guardia de incidencias José Antonio Cruz de Pablo –número 32, la noche del 22 de enero– para imponer su tesis represiva. Interior recurrió a la trampa de presentar la ocupación como un falso delito flagrante acabado de cometer. La operación, comandada por el intendente Antoni Antolín, omitió deliberadamente que la ocupación se había consumado el 18 de enero, cinco días antes. Llamaron a la acaudalada familia Balanyà, propietaria de unos cines que llevan vacíos desde hace ocho años (y que, desde entonces, lucen el cartel de ‘próxima reforma’) y ejecutaron el desalojo por un delito flagrante inexistente. En este sentido, una carta abierta a Puig de la Asamblea de Barcelona –espacio que agrupa diferentes sensibilidades sociales y sindicales y que promovió la ocupación del cine–, le ha recordado que “los desalojos de inmuebles ocupados los deciden los jueces y no el Gobierno”. Cabe añadir que los intentos reiterados de abogados y delegadas sindicales para abrir vías de diálogo, incluso a los niveles más elevados, fueron en balde. El juez de guardia tampoco atendió a razones. Los abogados y abogadas estudian ahora emprender acciones legales por la vulneración del derecho de la defensa y de la tutela judicial efectiva, puesto que los 418 manifestantes identificados y retenidos durante cuatro horas no han cometido ningún delito.

Ficheros ilegales, otra vez

El estreno de Puig como consejero ha ido acompañado de una nueva evidencia de la existencia y uso de ficheros ilegales por parte de los Mossos d’Esquadra. En estas bases de datos se controla y se procesa la adscripción ideológica de la ciudadanía crítica. Sólo así se puede entender que Interior haya filtrado que, de las 418 personas identificadas, “126 son antisistema, 39 independentistas y 13 anarquistas”. Esta clase de ficheros –como los BDT o el Investor, excluidos de todo control de la Agencia Catalana de Protección de Datos– ya se hicieron patentes a raíz de la causa judicial por la quema de fotos del rey en Girona en 2007.

Los informes de la policía autonómica también han querido destacar que “el 15% de los identificados eran extranjeros”, factor que Felip Puig ha definido, sin más explicación adicional, como “un síntoma de cierta voluntad de organización y proyección”. Por justificar la operación, el consejero se refirió en todo momento al precedente de la ocupación del antiguo edificio de Banesto, en los días previos a la huelga general del mes de septiembre de 2010. Puig volvió a ocultar que la causa contra las 19 ocupantes de aquel edificio –también desalojado sin orden judicial– fue finalmente archivada porque los Mossos fueron incapaces de demostrar la vinculación causal alguna entre la okupación y los enfrentamientos producidos en la calle. Para Puig, su llegada no ha cambiado las directrices policiales, pero sí la “determinación política” para proceder con contundencia. Cabe señalar que la identificación masiva de activistas se volvió a repetir durante la jornada de huelga en Catalunya: centenares de persones fueron retenidas e identificadas desde primera hora de la mañana por el mero hecho de repartir octavillas.